29.8.12

De denuncias y delaciones

Las reacciones a la mera posibilidad de denunciar irregularidades en los procesos de matriculación en las escuelas, y casos de incivismo los transportes públicos o de amenazas en las redes sociales han sido tan exageradas como suelen serlo las reacciones públicas. Esta exageración, que ha llevado a comparar el escenario con el siempre revenant 1984 de Orwell para alertar sobre un posible retorno de los autoritarismos y de graves problemas de convivencia entre los ciudadanos, no es sino una muestra del poco respeto que ya se tiene a la ley democrática y de la dificultad que tienen algunos para diferenciarla de la ley dictatorial o de la arbitrariedad tiránica.
Pero, como debería ser evidente para todo ciudadano democrático, esta diferencia existe y es fundamental. Y no se manifiesta sólo en el origen de la ley, en el proceso de su aprobación y en la posibilidad de su sustitución, sino también en su intencionalidad. Es aquí donde se muestra la diferencia entre una ley que busca la mejor convivencia posible entre ciudadanos libres e iguales y la ley que tiende a buscar la mayor sumisión posible de los ciudadanos al dictador. Y es esta diferencia la que hace que saltarse la ley pueda ser, en un caso, un acto de autodefensa ante el poder ilegítimo y, por tanto, un acto libre y liberador, y en el otro caso, en el caso democrático, un acto que atenta contra los demás ciudadanos.
Tendemos a olvidar que el problema no es que haya gente que presente denuncias contra sus conciudadanos, sino que haya gente que se salte las leyes. De la misma manera que, como nos ha recordado el absurdo caso de Sánchez Gordillo y sus defensores intelectuales, el principal problema de la justicia no es el de la desobediencia civil. Siempre podemos encontrar excusas, más o menos sofisticadas, para saltarnos la ley. sino el de la obediencia civil. El problema es precisamente el de ser capaces de cumplir las leyes, por respeto a la ley pero, sobre todo, por respeto a nuestros conciudadanos, incluso cuando saltarnosla nos resultaría claramente beneficioso.
Porque aquí no estamos hablando de unos ciudadanos que se denuncian entre ellos de forma compulsiva, sin motivo alguno y por miedo al gobierno, sino de unos ciudadanos que denuncian a los infractores de una ley legítima, con motivos y con pruebas. En el peor de los casos, porque les tienen miedo. Y en el mejor de los casos, porque están hartos de la benevolencia con que en este país se trata a los delincuentes y de esa absurda retórica que disculpa la "picaresca" (que no es más que la corrupción generalizada) y acusa al "chivato" (que no es más que el que pretende que la ley democrática impere sobre la ley del más fuerte).
Estos buenos ciudadanos hace tiempo que han aprendido que quien atenta contra la norma atenta contra ellos y contra la sana convivencia cívica. Hace tiempo que saben que cuando alguien hace trampas para inscribir a los niños en la escuela no perjudica al Estado o el gobernante del otro partido o el maldito político corrupto de turno, sino que perjudica a los otros padres, a todos aquellos padres que haciendo las cosas bien, y precisamente por hacer las cosas bien, no podrán llevar a su hijo a la escuela que quieren.
Hace tiempo que saben que los incívicos de los transportes públicos no molestan a la policía sino los demás pasajeros y algunos incluso saben que las amenazas virtuales son amenazas muy reales. Estos buenos ciudadanos saben que respetar la ley democrática es respetar el resto de ciudadanos. Y, lejos de acercarlos al autoritarismo, esta conciencia es lo que los hace ciudadanos dignos de un Estado de derecho.