19.4.13

Submisiones lingüísticas

Las críticas a la inmersión suelen presentarse como una defensa de los derechos de los alumnos. En concreto, del derecho al alumno a recibir una educación en su lengua materna; que es un derecho que se supone que tiene el alumno desde el momento en que su lengua es oficial y que por eso no tienen los niños que quieran recibir una educación pública en lenguas como el inglés, el francés, el alemán o el tagalo. Es al considerar que este es un derecho de los ciudadanos catalanes y que es un derecho perseguido por las autoridades que a éstas se las califica de antidemocráticas o, directamente, de fascistas. Los insultos no se justifican, pero el argumento se pretende cierto y profundamente democrático porque prioriza los derechos de los individuos por encima de las sentencias que los atacan y por encima de unos supuestos derechos colectivos que, como tales, serían inexistentes. Pero el resumen de la sentencia, según el cual cuando un alumno pida que la clase se haga en castellano todos los alumnos recibirán la clase en castellano, pone de manifiesto que los derechos de un alumno no sólo entran en conflicto con la situación vigente sino con los otros alumnos y los que pretenden que también son sus derechos. La sentencia pone de manifiesto que no se pueden defender estos derechos individuales sin cambiar las prácticas colectivas. Y, por lo tanto, sin replantear de verdad cuáles son los derechos de todos los ciudadanos, y no sólo los derechos de los hijos de padres que quieren educarlos en castellano. Y asimismo pone de manifiesto que la apelación a los derechos individuales está vacía y la retórica liberal es falaz mientras no se reconozca cuáles son los derechos que, efectivamente, y en el ordenamiento jurídico vigente, tienen los ciudadanos. Para entendernos, si no se reconoce que no hay, a priori y fuera del juego de las mayorías democráticas, ningún motivo que haga que el derecho a recibir una educación en castellano sea prioritario sobre el derecho a recibir una educación en catalán. Entre otras cosas, claro, porque las lenguas no tienen derechos, porque no hay derechos colectivos y porque tampoco hay derechos individuales fuera del colectivo que decide cuáles son y en qué medida son dignos de ser defendidos.
Esta nueva sentencia también sirve para dejar claro que la defensa habitual de la inmersión, basada en su eficacia, bien podría ser cierta y ser al mismo tiempo del todo irrelevante, porque es precisamente esta eficacia la que preocupa a muchos padres. A los padres que quieren escolarizar a sus hijos en castellano no les preocupa que crezcan sin aprender su lengua materna. Lo que les preocupa no es que crezcan ajenos a la lengua de casa sino que crezcan ajenos a la lengua de la escuela y, por extensión, a la lengua de la sociedad. Y por eso el problema no es que los niños castellanohablantes no puedan aprender a pronunciar la ese sorda ni que les cueste tanto aprender que tengan que dejar de lado las matemáticas y el inglés y por ello reciban una educación peor que la del resto. El problema es fundamentalmente identitario y por eso es fundamentalmente un problema de soberanía. La cuestión es hasta qué punto la vida pública se parece a la vida privada, hasta qué punto el colegio y la sociedad  se parecen al hogar y de quien puede decidir hasta qué punto deben parecerse. Y este no es, evidentemente, un problema exclusivo del modelo educativo. Este es un problema fundamental porque incluso los más liberales de entre los demócratas debemos estar dispuestos a aceptar y defender que algunas cuestiones se decidan por mayoría. Incluso cuestiones tan importantes como el sistema educativo. Y debemos estar dispuestos a admitir, por lo tanto, que todos estos debates políticos son, en el fondo, problemas de soberanía. Que lo prioritario no es tanto lo que se decide ni si lo que se decide es bueno sino, simplemente, quien tiene el poder de decidirlo. Y a admitir que, a la larga, quien termina teniendo el poder para decidir estas cuestiones es quien más importantes las considera.